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1. El rol de la aseguradora
Ante un siniestro vial, la aseguradora del responsable tiene la obligación legal de responder por los daños causados, dentro de los límites de la póliza. Esto incluye, según el caso:
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Daños materiales del vehículo
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Lesiones físicas
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Gastos médicos y de rehabilitación
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Lucro cesante
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Daño moral
Sin embargo, en la práctica, es frecuente que las compañías ofrezcan montos insuficientes, dilaten el trámite o exijan requisitos excesivos.
2. El error más común: aceptar acuerdos apresurados
Muchas víctimas aceptan propuestas iniciales sin asesoramiento, creyendo que es la única salida. Esto puede implicar renunciar a sumas mucho mayores o a rubros indemnizatorios que no fueron contemplados.
Una vez firmado un acuerdo, en la mayoría de los casos, no hay marcha atrás.
3. Mediación, vía administrativa y judicial
Dependiendo del caso, el reclamo puede canalizarse por:
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Instancia administrativa o mediación (obligatoria en muchas jurisdicciones)
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Acción judicial civil, cuando no hay acuerdo razonable
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Proceso penal, si existen lesiones o conductas graves (alcohol, fuga, etc.)
Ambas vías —civil y penal— pueden coexistir y requieren una estrategia jurídica integral.
4. Prueba: la clave del reclamo
Para reclamar con éxito es fundamental contar con:
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Denuncia policial
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Fotografías y/o videos del lugar y los daños
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Presupuestos o facturas de reparación
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Historia clínica y certificados médicos
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Testigos, si los hubiera
Una correcta recolección temprana de prueba marca la diferencia frente a la aseguradora.
5. Por qué contar con asesoramiento legal especializado
Las aseguradoras cuentan con equipos jurídicos propios. Enfrentarlas sin patrocinio implica una clara desigualdad. Un abogado especializado no solo calcula correctamente la indemnización, sino que negocia desde una posición de fuerza y, si es necesario, acciona judicialmente para obtener una reparación justa.
Conclusión
En suma, en accidentes de tránsito, el verdadero conflicto no termina en la calle, sino en el escritorio de la aseguradora. Informarse, no firmar apresuradamente y contar con asesoramiento legal adecuado es la mejor forma de proteger tus derechos y tu salud patrimonial.